Retroceso ambiental: CC suspendió norma que impulsaba reciclar y separar la basura

Con la suspensión del reglamento de clasificación de basura abre un nuevo capítulo en la crisis de los desechos, mientras municipalidades, recolectores y ciudadanos se preguntan qué pasará con el manejo de los residuos en el país.

Realizado por: Aldair Marroquin.

La clasificación de la basura no es obligatoria en Guatemala, aun así muchas personas tratan de reciclar.

Se frenó el avance del Acuerdo Gubernativo 164-2021, conocido como Reglamento para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos Comunes, el 28 de agosto de 2025, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) lo declaró inconstitucional. Con esa decisión, quedó en pausa la obligatoriedad de separar la basura en tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclables.

Desde el ruido metálico de los camiones, el olor penetrante y la constante nube de moscas reciben a cualquiera que llega al vertedero de la zona 3 capitalina. Allí, según la Municipalidad de Guatemala hay entre 800 y 1,000 recolectores de basura, pero ellos mismos marcan que ingresan en total unos 3,000 por lugares que no están autorizados y sobreviven de lo que otros tiran. 

Suspendido el reglamento, quedan en el limbo quienes viven de recolectar basura y quienes habían comenzado a cambiar sus hábitos para reciclar. 

Esa resolución respondió a una medida presentada por el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, quien argumentó que el reglamento vulneraba la autonomía municipal al imponer obligaciones que, según la Constitución, corresponden a las corporaciones municipales en materia de limpieza y tratamiento de desechos.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) reaccionaron el mismo día mediante un comunicado oficial: “El MARN y el MSPAS, en estricto respeto al ordenamiento jurídico nacional, acatamos la resolución emitida por la CC, que ha declarado inconstitucional el Acuerdo Gubernativo 164-2021”, se lee en el documento.

“Esta decisión tendrá serias consecuencias sobre la salud de nuestros ríos y lagos, y aumentará aún más la contaminación de barrancos, calles, carreteras y paisajes; y claramente, pondrá mayor riesgo la salud de la gente”, advirtieron las instituciones sobre el fallo que tendrá un impacto directo en la vida de los guatemaltecos.

Patricia Orantes, ministra de Ambiente, reaccionó durante la conferencia de prensa conocida como La Ronda, el pasado jueves 28 de agosto: “Es tremendamente lamentable que para la Corte de Constitucionalidad la autonomía municipal se vuelva vía libre para la contaminación”.

Protestas y negociaciones

Desde el martes 11 de febrero existe un debate sobre la clasificación de desechos, antes de que la normativa entrara en vigor, un grupo de dueños de camiones recolectores y cientos de personas que clasifican basura (guajeros) en el vertedero de la zona 3 capitalina protestaron frente a la sede del MARN en la zona 13. Los protestantes denunciaron un intento de privatizar el servicio y temían quedarse sin su fuente de ingresos.

Bloqueo de camiones recolectores de basura en el bulevar Liberación, frente al MARN el 11 de febrero de 2025. 

Parte del tránsito en las cercanías del Aeropuerto Internacional La Aurora quedó paralizado por la manifestación. Esa tarde, Orantes aseguró que “no daría marcha atrás”, aunque dejó abierta la posibilidad de atender las demandas de los recolectores.

Bajo presión, la Municipalidad de Guatemala accedió a restablecer las operaciones en el vertedero de la zona 3 tras una mesa de diálogo, con una modificación clave: la clasificación quedaría en dos partes, orgánica e inorgánica.

En un documento firmado por autoridades del MARN, la municipalidad capitalina, Mixco, Chinautla y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se establecieron los compromisos. Los recolectores explicaron entonces que su inconformidad se debía a que el reglamento original abría espacio a empresas privadas que podrían desplazar su trabajo.

Reformas que quedaron en el aire

Tras 11 mesas de diálogo con municipalidades y recicladores el 21 de julio, el MARN presentó reformas al reglamento. Entre ellas, permitir que cada municipalidad eligiera si la clasificación sería en dos o tres tipos de desechos, y crear un registro oficial de recicladores de base para garantizar su acceso al material reciclable.

“Desde febrero de este año hemos estado en mesas de diálogo entre el Gobierno central y la municipalidad de Guatemala junto a los recicladores que trabajan en el vertedero de la zona 3… Luego de 11 reuniones hasta el mes de julio de este año hemos llegado a importantes compromisos”, declaró Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático durante La Ronda.

Según Castellanos, una de las prioridades era reconocer formalmente a los recicladores que dependen del vertedero: “Esto con la finalidad de que el material reciclable sí continúe llegando hacia el vertedero y los recicladores lo puedan aprovechar como su medio de vida”, explicó.

Ciudadanía en incertidumbre

Algunas familias que habían adoptado la separación de desechos sienten incertidumbre. Mirna López, vecina de la zona 7, compró tres botes para reciclar en casa:

“Pues es algo que cae mal, aunque la Corte lo haya suspendido, en mi familia si vamos a seguir separando la basura. Solo esperamos que cuando pasen los camiones recolectores ellos también sigan clasificando, porque si no, de nada sirve el esfuerzo va”, comentó.

En el basurero más grande de Guatemala, el de la zona 3, los recicladores se vieron sorprendidos con la suspensión del reglamento que tanto costó llegar a un acuerdo. Entre ellos está Julio Martínez, un hombre de 38 años que desde hace dos décadas clasifica botellas, latas y cartones para luego venderlos.

“Aquí uno viene todos los días a buscar qué llevar a la casa. Si la gente ya no separa nada, nosotros vamos a tener menos material que vender, porque al final, la separación de está basura sí nos ayudaba. Nos dicen que nos van a reconocer como recicladores de base, pero ahora con esto de la Corte ya no sabemos qué va a pasar”, cuenta mientras sostiene un costal lleno de botellas plásticas.

Guajeros encima de un camión de basura ingresando al vertedero de la zona 3 capitalina.

Con incertidumbre y con sudor en el rostro Julio comentó: “Cuando anunciaron que íbamos a bloquear el bulevar Liberación estuve de acuerdo porque las empresas iban a quedarse con todo, sentí enojo porque hay gente que llevamos años aquí. Ahora que se suspendió, lo que sentimos es abandono, ¿De por gusto todo lo que se hizo? Nadie nos dice cómo vamos a seguir”.

Entre la legalidad y la sobrevivencia

En Guatemala se generan más de 3.7 millones de toneladas de desechos al año, pero solo el 42 % llega a sitios de clasificación, muchos de ellos sin condiciones sanitarias adecuadas, de acuerdo con datos del MARN.

El resto termina en ríos, lagos, barrancos o se quema sin control. La ministra Patricia Orantes señaló que “el 46 % de la basura se quema en el país y la mayoría de municipalidades no tienen vertederos adecuados ni regulados”.

Zona 3 concentra a recicladores que aseguran que, aunque el reglamento no solucionaba todos sus problemas, al menos abría una puerta para que fueran reconocidos formalmente. Con la suspensión, temen que su trabajo vuelva a quedar invisible.

Entrada al vertedero de la zona 3 capitalina, lugar al que llegan miles de toneladas de basura diarias.

La Municipalidad de Guatemala confirmó que sin el reglamento continuarán impulsando la Guía Municipal de Clasificación de Desechos, centros de reciclaje y proyectos de compostaje y aprovechamiento energético.

Futuro incierto

Con la suspensión del reglamento, las municipalidades quedan a cargo de decidir si emiten su propia normativa. La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) destacó que la autonomía es clave, pero advirtió que cada comuna podría avanzar a un ritmo distinto, sin coordinación nacional.

En el Congreso de la República, iniciativas como el “Fondo Verde”, que crea una unidad reguladora para la contaminación en Guatemala, siguen detenidas. Mientras tanto, la contaminación avanza y los vertederos se saturan.

Para el viceministro Edwin Castellanos, el problema no es solo legal, sino cultural, como lo expresó en la ronda: “La libertad de cada uno de nosotros se ve violentada cuando otros ciudadanos deciden usar nuestro país como basurero, cuando encontramos calles llenas de basura, ríos llenos de basura, barrancos llenos de basura”.

La suspensión del reglamento no eliminó el problema: solo lo pospuso. Mientras ministerios y municipalidades continúan discutiendo, la basura llega a la zona 3 cada día. Entre los desperdicios, miles de guatemaltecos mantienen su único sustento, enfrentando riesgos de salud y trabajando en condiciones precarias que con dificultad cambiarán sin una solución integral.